Ecuador

“Supporting the response to COVID-19 alongside the Community”. Fast & Fair Initiative

The “Supporting the response to COVID-19 alongside the Community” Project contributed to the government's efforts to control the pandemic. The project strengthened outbreak prevention and control measures in selected communities, targeting people in human mobility, LGBTIQ+ individuals, sex workers and indigenous people of the Awa nationality. The project was implemented in partnership with ASOCIACION RIOS (in Spanish), a local NGO with experience in community health work. This project was funded by CARE USA, as part of the Fast & Fair strategy, in response to COVID-19, which objective is to support countries so that the most vulnerable people can access the vaccine and overcome gender-based and other types of barriers that create inequalities regarding access to vaccination and health services. Read More...

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A REFUGIADOS VENEZOLANOS VULNERABLES EN ECUADOR

El proyecto se ejecutó en un contexto simultáneo de crisis económica y sanitaria provocada por el COVID 19, y de reforma de la Ley de Movilidad Humana propuesta por el gobierno ecuatoriano hacia finales del 2020 y aprobada en febrero de 2021. Las estrategias empleadas para enfrentar la emergencia sanitaria y reducir el retraso de actividades se orientaron a: (a) establecimiento de alianzas y trabajo en asocio con organizaciones sociales locales de las ciudades de Ibarra y Huaquillas con el propósito de dinamizar las entregas de las diferentes modalidades de asistencia (b) organización de brigadas de atención legal y acompañamiento psicosocial y visitas in situ a lugares estratégicos de concentración de población migrante y refugiada (alberges y espacios públicos); (c) fortalecimiento de relaciones con plataformas de coordinación local y nacional y con el Ministerio de Salud Pública para apoyar y complementar acciones desempeñadas por el sistema de salud (CARE, 2021); (d) el abordaje a través de medios digitales y adaptación del SOP a esta modalidad (CARE, 2019). Read More...

Evaluating systems-level change and impact in CARE’s programming in Ecuador, Ethiopia, Nepal and Uganda: A global report

This report provides a detailed analysis and review of the evaluations of four CARE systems-level change projects - from Ecuador, Ethiopia, Nepal and Uganda exploring the extent to which their actions influenced systems change and led to impacts in people’s lives. It represents what is understood as the first time CARE has undertaken a deep dive evaluation into its systems-level approaches. The report begins with an overview of these projects and the Outcome Harvest evaluation methodology used across these countries to measure systems change, including the adaptations made to apply Outcome Harvesting to a systems-level project rather than standard CARE programming. Read More...

Evaluating Systems-level change and impact Findings from the evaluation of the Humanitarian Assistance Program (PAH) in Ecuador

CARE’s ten-year strategy, Vision 2030, seeks to deepen the organizational focus on systems-level change and impact, recognizing that this is essential to expanding CARE’s reach and fulfilling our mission to save lives, defeat poverty and achieve social justice. To support this, CARE launched a systems-level impact initiative to measure the effect of our programs that have influenced or changed systems, and the impact of this systems-change on people’s lives. The initiative also increased capacity across the CARE confederation to design, finance and implement high-quality systems change programs, and to strengthen the focus on systems-level change within our Country Office organizational frameworks and strategies. Four CARE Country Offices were selected to evaluate a project or program, and to synthesize the results for national and global learning. Read More...

Integrated Cash and Gender-Based Violence Programming for IPV Survivors in Guayaquil, Ecuador

Migrant and refugee women and girls are vulnerable to a range of risks before, during, and after humanitarian crises. Intimate partner violence (IPV), a type of gender-based violence (GBV), is among the many protection-specific risks
they face. Traditionally, refugees and internally displaced persons have received aid in the form of in-kind assistance, such as food and blankets. Increasingly, cash and voucher assistance (CVA) is being used in humanitarian response to meet the diverse needs of those displaced by crisis and conflict, enhancing recipients’ autonomy over what they use the funds for. Read More...

Informe Final “MUJERES, DIGNIDAD Y TRABAJO” Programa Igual Valor, Iguales Derechos, CARE América Latina y El Caribe”

Este proyecto tiene como meta contribuir al mejoramiento de la situación de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina por medio de estrategias de formación, incidencia, comunicación y desarrollo económico. Y a la vez a su autonomía y empoderamiento para que incidan en políticas públicas, a favor del cumplimiento de sus derechos humanos y laborales en Ecuador, Colombia y Brasil.
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Diagnóstico CAP

El presente Diagnóstico sobre la implementación de Productos, Servicios y Capacidades para evitar la violencia basada en género, especialmente acoso, abuso y violación sexual, y protección a niñas, niños o adolescentes (NNA) en el Sistema Educativo, se realizó en el marco del proyecto Educación Libre de Violencia, implementado por CARE en asocio con COCASEN y en estrecha articulación con el Ministerio de Educación. Esta investigación tiene por objetivo evidenciar la dinámica en las instituciones responsables de atender estos casos y sus respuestas frente a NNA, estableciendo dos dimensiones de análisis: 1) Identificar información relevante para el desarrollo de un Modelo de Gestión sobre violencia sexual contra NNA, y 2) Identificar prácticas relacionadas con la percepción y respuestas a los casos de violencia sexual contra NNA al interior del sistema educativo. Read More...

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE EL TRÁFICO Y LA TRATA DE PERSONAS EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS HUMANITARIA EN LA ZONA TRANSFRONTERIZA DE PERÚ Y ECUADOR

En el año 2000 se aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Desde esa fecha el desarrollo normativo de la trata de personas es permanente tanto en el Perú como en el Ecuador, países que comparten una amplia frontera común. Paralelamente se han creado nuevos servicios para la protección y asistencia a las víctimas, así como para la persecución y sanción del delito. En ese contexto, diversos fenómenos han ocurrido con particular intensidad, sobre todo en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador. Dos en particular han marcado el desarrollo de la trata de personas en esa zona. La crisis humanitaria producto de la migración masiva de ciudadanos venezolanos y el contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, que obligó a ambos países a cerrar sus fronteras, abriéndose más de un circuito clandestino por el cual el flujo migratorio ha continuado discurriendo sin solución de continuidad a pesar del control militar implementado por el Perú desde el 26 de enero del 2021, lo que ha merecido un pronunciamiento conjunto de las Defensorías del Pueblo de Ecuador, Colombia y Perú exhortando a sus autoridades a tener como premisa la dignidad humana de las personas migrantes con necesidad de protección internacional, observar las normas universales y regionales de derechos humanos en este campo, así como evitar actos que promuevan el rechazo por parte de las comunidades de acogida. En ese contexto, las vulnerabilidades propias de las personas migrantes, así como de adolescentes y jóvenes de las regiones contiguas a la zona de frontera, se vieron potenciadas por la crisis económica generada a causa de la pandemia, así como por la pauperización de las condiciones del empleo marcadamente informal. Esas circunstancias que han agravado las necesidades de las personas han sido aprovechadas para la comisión de diversos delitos de explotación de seres humanos. Paralelamente la respuesta pública se ha visto impactada por la crisis sanitaria que ha reducido su capacidad para enfrentar el problema, además de las limitaciones que ya presentaba. En ese escenario, la sociedad civil y las organizaciones de cooperación han jugado un papel importante para paliar las necesidades. Por otra parte, el panorama de la trata de personas en la zona de frontera presenta varios desafíos que están descritos a lo largo del presente estudio y que sugieren un modelo de
gestión más eficiente para poder enfrentarla de manera eficaz, así como para atender el creciente número de personas vulnerables producto de la crisis humanitaria y de la realidad resultante como consecuencia de la emergencia sanitaria. El cierre de la frontera y su permeabilidad hacen evidente la necesidad de implementar una estrategia migratoria integralen cada país, así como en conjunto. Para la elaboración del presente informe se ha recogido información de fuentes documentales, así como de las instituciones públicas y privadas de ambos lados de la frontera, incluyendo a personas migrantes. Dicha información ha permitido describir las conductas, medios y finalidades del delito de trata; las características de los autores del delito de trata y tráfico de personas, las características de las víctimas; las principales rutas de la trata y tráfico de personas, así como las actividades en las que podría estar presente; los servicios de protección para víctimas; el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de personas, así como la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas. [46 Pages] Read More...

CASH AND VOUCHER ASSISTANCE IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

In April 2020, CARE received a five million dollar grant from MARS to implement a multi-country program, including Cote d’Ivoire, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Peru, Thailand, and Venezuela1, with the aim of reducing the negative impacts of COVID-19 on vulnerable populations, especially women and girls, using complementary and multimodal approaches. A key activity of this program was the provision of cash and voucher assistance (CVA) to vulnerable populations to meet their diverse basic needs. Program data indicated that CVA was implemented in Cote d’Ivoire, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, and Thailand. Monitoring data from different countries showed that CVA was unconditional; with cash modality representing 95% of transfers. Key targets populations for CVA activities vary by country and include: vulnerable households (Cote d’Ivoire, and Haiti); migrants and refugees (Honduras, Ecuador, and Thailand); domestic workers (Guatemala and Ecuador); survivors of GBV and other forms of violence against women (Guatemala and Ecuador); and lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer/questioning (LGBTQI+) individuals (Ecuador). Across all projects (or countries), participants reported numerous uses of CVA including purchase foods stuff, payment of health services, hygiene services, rental/housing, savings and livelihoods activities.
Given the nature and scale of this program as well as its organizational commitment to learning, CARE was keen to understand the extent to which the project supported and protected vulnerable populations against the loss or disruption of their livelihoods in a gender sensitive manner. The study seeks to provide open-source learnings for peer
companies and agencies on how CVA was utilized in this program with two major questions: (i) How gender sensitive was the process for CARE’s CVA? (ii) How gender sensitive was the intended outcome of CARE’s CVA?
This documentation report compiles lessons from across the projects implemented in the targeted countries and draws from the diversity of their experiences to provide some recommendations on more gender sensitive CVA in the future. Read More...

MAGNIFYING INEQUALITIES AND COMPOUNDING RISKS The Impact of COVID-19 on the Health and Protection of Women and Girls on the Move

More than one year into the coronavirus disease (COVID-19) pandemic—with some countries seemingly on their way out of the crisis while others enter new waves—evidence of its impact is growing. COVID-19 is increasing short-term humanitarian needs and negatively affecting longer-term outcomes for marginalized populations and people in vulnerable situations, significantly setting back hard-won development gains, magnifying inequalities, and compounding risks. Among those worst affected are the more than 80 million people worldwide—approximately half of whom are women and girls—who have been forcibly displaced by drivers such as persecution, conflict, generalized violence or human rights violations.1
The majority of forcibly displaced people live in resource-poor countries with weak public health and social protection systems, and economies that have been hard-hit by the pandemic.2 Yet, to date, there has only been limited research around the unique ways in which women and girls on the move are affected.3 This despite predictions of significant impacts on access to, and use of, basic health services—including for sexual and reproductive health (SRH)—and the overall protection environment, including increases in prevalence and risk of gender-based violence (GBV).
Placing gender at the center of its humanitarian and development responses, CARE undertook new research in Afghanistan, Ecuador, and Turkey between April and May 2021 to better understand how COVID-19 is impacting the health and protection of women and girls on the move. The three countries represent different types of forced displacement across multiple regions: internally displaced persons (IDPs) and refugee returnees in Afghanistan; more recent migrants and refugees due to the Venezuelan crisis in Ecuador; and longer-term Syrian refugees living under temporary international protection in Turkey. The primary data collected for this research included more than 1,000 surveys with women on the move and from host communities, to allow comparison; 31 focus group discussions (FGDs) with women and adolescent girls; and 45 key informant interviews (KIIs) with government actors, health and protection service providers, humanitarian organizations, and CARE staff. Read More...

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