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En el año 2000 se aprobó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Desde esa fecha el desarrollo normativo de la trata de personas es permanente tanto en el Perú como en el Ecuador, países que comparten una amplia frontera común. Paralelamente se han creado nuevos servicios para la protección y asistencia a las víctimas, así como para la persecución y sanción del delito. En ese contexto, diversos fenómenos han ocurrido con particular intensidad, sobre todo en la zona fronteriza entre Perú y Ecuador. Dos en particular han marcado el desarrollo de la trata de personas en esa zona. La crisis humanitaria producto de la migración masiva de ciudadanos venezolanos y el contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, que obligó a ambos países a cerrar sus fronteras, abriéndose más de un circuito clandestino por el cual el flujo migratorio ha continuado discurriendo sin solución de continuidad a pesar del control militar implementado por el Perú desde el 26 de enero del 2021, lo que ha merecido un pronunciamiento conjunto de las Defensorías del Pueblo de Ecuador, Colombia y Perú exhortando a sus autoridades a tener como premisa la dignidad humana de las personas migrantes con necesidad de protección internacional, observar las normas universales y regionales de derechos humanos en este campo, así como evitar actos que promuevan el rechazo por parte de las comunidades de acogida. En ese contexto, las vulnerabilidades propias de las personas migrantes, así como de adolescentes y jóvenes de las regiones contiguas a la zona de frontera, se vieron potenciadas por la crisis económica generada a causa de la pandemia, así como por la pauperización de las condiciones del empleo marcadamente informal. Esas circunstancias que han agravado las necesidades de las personas han sido aprovechadas para la comisión de diversos delitos de explotación de seres humanos. Paralelamente la respuesta pública se ha visto impactada por la crisis sanitaria que ha reducido su capacidad para enfrentar el problema, además de las limitaciones que ya presentaba. En ese escenario, la sociedad civil y las organizaciones de cooperación han jugado un papel importante para paliar las necesidades. Por otra parte, el panorama de la trata de personas en la zona de frontera presenta varios desafíos que están descritos a lo largo del presente estudio y que sugieren un modelo de
gestión más eficiente para poder enfrentarla de manera eficaz, así como para atender el creciente número de personas vulnerables producto de la crisis humanitaria y de la realidad resultante como consecuencia de la emergencia sanitaria. El cierre de la frontera y su permeabilidad hacen evidente la necesidad de implementar una estrategia migratoria integralen cada país, así como en conjunto. Para la elaboración del presente informe se ha recogido información de fuentes documentales, así como de las instituciones públicas y privadas de ambos lados de la frontera, incluyendo a personas migrantes. Dicha información ha permitido describir las conductas, medios y finalidades del delito de trata; las características de los autores del delito de trata y tráfico de personas, las características de las víctimas; las principales rutas de la trata y tráfico de personas, así como las actividades en las que podría estar presente; los servicios de protección para víctimas; el estado de los mecanismos de sanción del delito de trata y tráfico de personas, así como la relación entre la migración, la trata y tráfico de personas. [46 Pages] Read More...